TRANSVERSAL envía al CEDAW informe sombra sobre la situación de las mujeres con discapacidad en México.

Por • 12/05/2018 • Comunicación y Difusión, UncategorizedComentarios675

TRANSVERSAL es una organización de la sociedad civil compuesta por y para personas con discapacidad que pretende que el Estado garantice los derechos de las personas con discapacidad a través de marcos normativos y políticas públicas que apliquen el modelo social y la perspectiva de derechos humanos.

Transversal, Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad (TRANSVERSAL) presenta su Informe Sombra para el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (el Comité) y la Convención, (CEDAW), en relación a la Novena Comparecencia del Estado mexicano.

 

MUJERES CON DISCAPACIDAD

En relación con el punto 19 de la lista de cuestiones preliminares (lista), debe mencionarse que a pesar de que la problemática a la que se enfrentan las niñas, adolescentes, y mujeres con discapacidad (en adelante MCD) es distinta a la de los hombres con discapacidad (HCD) y al resto de población en general, al posicionarse en una situación de desventaja y discriminación múltiple y teniendo en cuenta que de conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existe una mayor prevalencia de discapacidad en mujeres (53.6%), las leyes y políticas públicas dirigidas a disminuir la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres y las PCD son creadas de manera paralela tratando ambos temas como si fueran ajenos. No es posible advertir un diseño de leyes y políticas públicas que atiendan de manera efectiva e integral la intersección existente entre el género y la discapacidad, ni de otras intersecciones que conllevan desigualdad, como la edad o la pertenencia a una comunidad indígena.

En el mismo sentido, el Comité sobre de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha externado su preocupación ante la ausencia de medidas específicas para prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan las MCD, así como la ausencia de información al respecto.

A continuación, presentamos algunos puntos relevantes en temas específicos que revelan tanto la desatención a las múltiples e interseccionales formas de discriminación de la que son objeto las MCD en México, como la imperiosa necesidad de transversalizar la perspectiva de género y discapacidad:

 

Pobreza

En relación con el artículo 2 de la CEDAW y el artículo 28 de la CDPD, esto es el derecho de las PCD, y particularmente MCD, a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, el Comité CDPD ha señalado que la pobreza es un factor agravante y el resultado de la discriminación múltiple, así como que las MCD de edad se enfrentan en particular a numerosas dificultades para acceder a una vivienda adecuada, tienen más probabilidades de ser institucionalizadas y no tienen un acceso equitativo a programas de protección social y reducción de la pobreza.

Las recomendaciones relacionadas con pobreza tanto del Comité CDPD como CEDAW expresan profunda preocupación por la situación de exclusión, pobreza respecto a personas indígenas con discapacidad y la falta de información al respecto; y hacen énfasis en la necesidad de que programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural.

Al respecto, si bien las desigualdades de género inciden en la pobreza de las mujeres y en su acceso desigual al poder y a los recursos.   Lo cierto es que la feminización de la pobreza” puede también entenderse a la luz de otras intersecciones, como lo son edad y discapacidad.

En el país, se conoce que del 2012 al 2014, la población con discapacidad e ingreso inferior a la línea de bienestar registró un incremento de 3.8 %. Es decir, en 2014, 60.3 % de las PCD que corresponde a 4.6 millones de PCD no contaron con el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, y al 2016 aumentó a 4.9 millones.

En general las PCD tienen riesgo en sus condiciones de vida, y el nivel adecuado de la misma. Si incorporamos datos rudimentarios de género se tiene que la pobreza multidimensional en la población adulta de 60 y más años es más alta en la población femenina, y que una de cada dos MCD tiene una edad de 60 años o más, por lo que el riesgo de deterioro de la calidad de vida aumenta en términos de género y edad. El hecho de ser MCD y la intersección con la edad impacta negativa y desproporcionadamente en la condición económica. Además, el acceso a la actividad económica de MCD se relaciona con roles tradicionales asignados a mujeres, y el 72.3% de las MCD no realizan alguna actividad económica; y la brecha en participación -entre MCD y sin ella- se ensancha conforme aumenta la edad. Lo que les impide contar con ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios mínimos para satisfacer necesidades y obliga a la dependencia, el aislamiento y la exclusión poniendo en riesgo derechos sociales.

Si se incorpora en el análisis a la población indígena, el riesgo de desigualdad aumenta. A 2014, solo el 5% de la población indígena no se considera pobre ni vulnerable. No se conoce información desglosada por discapacidad, sexo y edad; sin embargo, se puede advertir que la pobreza es causa y consecuencia de marginación, exclusión y discriminación, y que se expresa de manera diferenciada en grupos específicos de población.

 

Educación

El artículo 10 de la CEDAW y el artículo 24 de la CDPD establecen el derecho a la educación inclusiva en igualdad de condiciones, y de conformidad con lo señalado por el Comité de los Derechos de la Niñez respecto a que los NNA con discapacidad tienen el mismo derecho a la educación que todos los demás, sin discriminación. Relativo al punto 14 de la lista, es necesario señalar que las MCD no ejercen su derecho a educación en igualdad de condiciones.

El sistema educativo nacional aún con la última reforma a la Ley General de Educación no es inclusivo; sino que fomenta la educación especial y segregada para las PCD, y genera que NNA con discapacidad no accedan al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones. Incluso, el rezago educativo de las PCD -como carencia social- afectó más a la población con discapacidad que a la población indígena o a los niños, y repercute directamente en su calidad de vida. En relación con lo manifestado por el Estado, el rezago educativo entre las PCD se redujo de 51.1% a 48.7% de 2014 a 2016; no obstante, la población de PCD en rezago educativo aumentó de 3.9 a 4.3 millones en el mismo periodo.

Las medidas que se han llevado a cabo por parte de la Secretaría de Educación Pública -autoridad responsable- son tendientes a una educación segregada. El modelo educativo -al no ser inclusivo-, no cuenta con un programa coherente, articulado y con presupuesto que brinde infraestructura accesible, ajustes curriculares, o formación docente, por lo tanto, no permite que las PCD puedan ingresar, permanecer, transitar, participar, aprender y egresar en igualdad de condiciones.

No existen datos estadísticos que permitan conocer el cumplimiento del estándar internacional respecto a la educación inclusiva en igualdad. No obstante, es posible advertir que el ejercicio del derecho a la educación es diferenciado para las MCD, incluso respecto a los HCD. El promedio de escolaridad de las MCD con más de 15 años es de 5 grados contra 5.7 de los HCD y 9.8 de la población general. Incluso, el 25.8% de las MCD son analfabetas contra el 19 % de los HCD, y contra el 3.8% de la población sin discapacidad. Por ello, no se puede afirmar que la promoción de la educación básica y media superior a MCD ha traído resultados favorables.

Por otra parte, el 6.6% de las MCD hablan lengua indígena. No obstante, no tienen acceso a la educación en igualdad de condiciones. Para avanzar en la escuela, los NNA hablantes de lengua indígena deben forzosamente hablar español. Lo cual, aumenta el riesgo de abandono y evidencia la desigualdad de acceso a educación con base en las intersecciones y factores de vulnerabilidad.

 

Empleo

En cuanto a los puntos 15 y 19 de la lista – derecho al trabajo de las MCD-, existe un grave problema al respecto. En contra de lo previsto en los artículos 11 de la CEDAW y 27 de la CDPD, las MCD se enfrentan a los obstáculos que genera la intersección entre género y discapacidad que les impiden ejercer su derecho al trabajo en igualdad de condiciones.

La OIT menciona que los HCD tienen el doble de posibilidades que las MCD de tener trabajo. En el país, únicamente el 27.6 de las MCD mayores de 15 años son económicamente activas a diferencia del 52.9% de los HCD. Asimismo, un mayor porcentaje de los hombres (50.4%) tienen como principal fuente de ingresos su trabajo en comparación con las MCD (30.1%). Las MCD tienen pocas oportunidades en el ámbito laboral lo que incrementa su situación de vulnerabilidad, pues quienes consiguen empleo se ubican en puestos de baja calificación, con desprotección salarial y con una amplia brecha de ingresos laborales; ya que las PCD ganan por su trabajo 66.5% de lo que ganan sus pares sin discapacidad.

Situación que se agrava si se toma en cuenta que las PCD en muchas ocasiones suelen tener gastos cotidianos adicionales como ayudas técnicas o personales, que pueden llegar a implicar una fuerte carga económica. Además, resulta preocupante la escasa presencia de MCD en el sector público y sobre todo en puestos que implican la adopción de decisiones públicas.

 

Salud

En relación los artículos 11 de la CEDAW y 25 de la CDPD, resulta preocupante que la atención a la salud no incorpore una perspectiva de género y discapacidad, dado que su omisión genera situaciones de discriminación.

Respecto a una de estas situaciones de discriminación- consentimiento informado-, el Comité CDPD recomendó asegurar el consentimiento informado para cualquier tratamiento médico de PCD, e insto a efecto de que todos los servicios de salud mental se suministren con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida.

A nivel nacional existe ambigüedad respecto al consentimiento informado. En términos del artículo 24 fracción III de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobada en junio 2017) se pueden realizar procedimientos médicos o científicos en una persona con el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Por lo que en el país no se puede asegurar el estándar internacional relativo al requisito indispensable de consentimiento libre e informado, para cualquier tratamiento médico. Además, resulta imposible conocer si la atención a la salud se dio con base en consentimiento libre e informado; o si el mismo fue otorgado por terceros, en ejercicio de sustitución de voluntad.

Lo anterior en relación con la restricción a la capacidad jurídica de la que son objeto las PCD fomenta situaciones de discriminación e imposibilita que puedan proveerse servicios de salud para PCD basados en consentimiento libre, y con base en un enfoque de género. Lo que en el caso de las MCD da origen a casos de esterilización forzada, tratamientos irreversibles, limitado acceso a salud reproductiva en igualdad, entre otros.

 

Información estadística

El Comité CDPD ha expresado preocupación por la falta de acciones para prevenir y combatir la discriminación interseccional; la ausencia de información al respecto, así como el hecho de que el país no cuente con datos estadísticos actualizados e instó a sistematizar con urgencia la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos sobre las PCD. Sin embargo, no se conocen acciones específicas dirigidas a considerar la discriminación interseccional en la generación, producción y sistematización de la información.

Se genera poca información relativa a discapacidad, a las PCD y a las situaciones de discriminación de las que son objeto. Este vacío genera que no se pueda conocer el impacto de las políticas públicas, ni si las mismas atienden a la interseccionalidad o a la reducción de la discriminación a la que se enfrentan particularmente las MCD.

Además, los procesos para recabar la información podrían estar reproduciendo sesgos y exclusión, al no incorporar las perspectivas de género y discapacidad. Ejemplo de esto, es que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 en donde el porcentaje de entrevistas a mujeres que no fueron completadas por causa de discapacidad fue cuatro veces mayor que aquellas no completadas por no hablar español. Aunque no afecta los resultados generales de la encuesta es probable que sí tenga efectos específicos en la medición de la discapacidad.

 

Recomendaciones sugeridas

  • Realizar las modificaciones pertinentes para que las leyes, políticas públicas y programas – existentes y que se elaboren-, incluyan de manera transversal tanto de la perspectiva de género como de la de discapacidad, así como un enfoque intercultural y factores como la edad; incluyendo los presupuestos correspondientes.
  • Poner en marcha legislación, programas y acciones, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa para erradicar la discriminación de las niñas y mujeres con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.
  • Generar acciones específicas que permitan hacer frente a la problemática interseccional que enfrentan las mujeres con discapacidad, específicamente dirigidas a reducir la discriminación interseccional, las desventajas agravadas que enfrentan y a aumentar la participación económica y laboral, con énfasis especial en la accesibilidad, la situación de abandono, pobreza extrema, la seguridad social; así como impulsar apoyo en la vida independiente.
  • Incluir a las mujeres indígenas con discapacidad en las políticas de desarrollo, con enfoque comunitario y rural, y asegurarse de que sus necesidades y perspectivas se incluyan en dichas políticas, tomando en cuenta sus opiniones.
  • Derogar la normativa que sustenta el sistema de sustitución de la voluntad y el estado de interdicción por motivo de discapacidad; así como a adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución por el apoyo en la toma de decisiones, que respete la autonomía y la voluntad de la persona sin importar su discapacidad.
  • Adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. Tales medidas deben incluir los servicios de asistencia personal, ser adecuadas culturalmente y permitir que las personas con discapacidad elijan su forma de vida y el lugar de su residencia e identificar sus preferencias y necesidades, con enfoque de género y edad.
  • Prever mecanismos para garantizar que las mujeres con discapacidad tengan igualdad de acceso a todos los bienes, productos, programas y servicios públicos.
  • Implementar las medidas y políticas efectivas para prevenir, proteger y reparar a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia. Así como llevar a cabo medidas de concientización de la violencia que viven las mujeres y niñas con discapacidad a efecto de visibilizar la misma.
  • La adopción de protocolos de actuación dirigidos a funcionarios públicos para ajustar su actuar tanto al enfoque de género como el de discapacidad, así como al modelo social de la discapacidad y al enfoque de derechos humanos.

 

Educación

  • Implementar las medidas de nivelación, acción afirmativa y ajustes razonables necesarias con una perspectiva de género y discapacidad, recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares, a efecto de garantizar que las mujeres con discapacidad se matriculen, permanezcan, transiten, participan, aprendan y egresen de manera inclusiva en las escuelas.
  • Adoptar medidas para asegurar la escolarización inclusiva, prestando especial atención a las niñas, mujeres con discapacidad y mujeres indígenas e implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y materiales didácticos incluso en educación media superior y superior.

 

Empleo

  • Llevar a cabo medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres con discapacidad en el empleo, tomando en cuenta la discriminación múltiple a la que se enfrentan y generar políticas públicas que les permitan ocupar puestos de trabajo, debidamente remunerados, en donde puedan desarrollar sus potencialidades.
  • Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y personas indígenas con discapacidad, incluidas medidas de accesibilidad, mayor protección salarial, acciones concretas tendientes a reducir la brecha de ingresos y seguridad social en igualdad.
  • Impulsar un programa público que les permita la libertad de laborar, con base en sistemas de apoyo personal; así como asegurar una mayor participación de las mujeres con discapacidad en el sector público, especialmente en aquellos puestos que impliquen toma de decisiones.

 

Salud

  • Incorporar en el sistema nacional de salud de manera transversal las perspectivas de género y discapacidad; y tomar medidas que eviten que los diagnósticos y la atención médica se realice con base en sesgos, prejuicios y prácticas discriminatorias.
  • Asegurar que todos los servicios de salud y tratamientos médicos se suministren con base en el consentimiento libre, informado y directo de la persona concernida —incluida la posibilidad de voluntad anticipada—, así como una adecuada provisión de servicios comunitarios de salud para personas con discapacidad basados en el derecho al consentimiento, garantizando que los tratamientos farmacológicos necesarios por razón de discapacidad sean considerados como parte del sistema de apoyos, disponibles a bajo costo o gratuitos.

 

Información

  • Recopilar, analizar y difundir sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad; incluida aquella relativa a los riesgos a los que se encuentran expuestas, las desventajas acumulativas que enfrentan, las prácticas discriminatorias y discriminación interseccional de la que son objeto; así como de la violencia, la explotación y el abuso, incluido el feminicidio, desagregando particularmente aquellos datos de abuso sexual, medidas alternativas de cuidado para aquellas personas privadas de su entorno familiar, como el acogimiento familiar y el internamiento en instituciones, o las adopciones; así como respecto a la accesibilidad, la educación, el trabajo, y la salud.
  • Incorporar la perspectiva de género y discapacidad en la manera en la que se recaba y genera la información, con la finalidad de que su generación no reproduzca sesgos existentes, incluyendo la generación de protocolos, medidas especiales y capacitación que garanticen la igualdad en el proceso; asegurar que la información que se genere sea accesible y pueda ser desagregada por sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, ubicación geográfica, entre otros

 

Documento:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fMEX%2f31193&Lang=es

 

Fuente:

www.discapacidadtransversal.org

 

Nota por: Jorge Alberto López Levario

Twitter: @Jay_A_Lopez

 
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